labolsa.com

Regístrate gratis

El Tribunal de Cuentas aboga por exigir a los bancos rescatados información sobre si cumplen sus obligaciones

Mostrar calendario

2019

Octubre

Anterior

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ver histórico
27 MAY 2014 | 14:58:07 h | Fuente: Europa Press
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, cree que la normativa reguladora del sector financiero debería incluir exigencias de información periódica a las entidades que han recibido fondos públicos sobre el grado de cumplimiento de las condiciones que acompañaron a ese apoyo, como por ejemplo, la evolución de los riesgos asociados a los Esquemas de Protección de Activos (EPA).

Así lo ha señalado en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en la Cámara Baja, durante la presentación del 'Informe de Fiscalización de la Legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-12'.

Según Álvarez de Miranda, en el periodo fiscalizado todos los procesos de integración, reestructuración, reforzamiento financiero y resolución de entidades de crédito se desarrollaron "conforme a la normativa", y todos los bancos han enviado también periódicamente al Banco de España los informes relativos al grado de cumplimiento de las medidas adoptadas.

Sin embargo, "dada la repercusión económica que pueden tener en el futuro los apoyos financieros otorgados a los procesos de reestructuración", el Tribunal considera que "la normativa debería haber previsto obligaciones formales de remisión de información para dar cuenta del cumplimiento de las condiciones subyacentes a esos apoyos, en particular de la evolución de los riesgos asociados a los EPA".

AÚN NO SE SABE EL COSTE DEL RESCATE.

Y es que el informe recuerda que el Estado ha constituido "garantías que vencerán en el futuro", como líneas de crédito o esquemas de protección de activos por valor de 28.667 millones de euros cuya ejecución parcial o total se conocerá en los próximos años hasta 2022. Incluyendo estas cantidades, el total de los recursos públicos empleados o comprometidos con el sector bancario entre 2009 y 2012 se elevó a 107.913 millones de euros, de los que 57.004 millones fueron de aportaciones de capital.

En concreto, 65.845 millones fueron aportados por el FROB, 32.268 millones correspondieron a los FGD y 9.800 millones procedieron del Banco de España. Por entidades, destacan las cantidades recibidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 24.861 millones; BFA-Bankia, con 22.426 millones; y Banco de Valencia, con 17.869 millones.

No obstante, Álvarez de Miranda ha matizado que esa cuantía es "sólo una recopilación de todos los costes, compromisos y aportaciones de dinero público a tener en cuenta" pero "no equivale al coste neto de las aportaciones públicas a los procesos de reestructuración", que "sólo se podrá conocer cuando finalicen los procesos" de reestructuración y cuya determinación no era un objetivo específico de esta fiscalización", que pretendía "presentar resultados concretos en un tiempo razonable".

De hecho, se ha ofrecido a que la institución que preside fiscalice el coste final del rescate bancario valorando "todos los elementos" que hasta ahora no se han tenido en cuenta --como los retornos que ya se están empezando a materializar o los costes de la Sareb--, así como todos los ejercicios en los que se han concedido ayuda. Este informe, que puede realizar 'motu proprio' o a petición de la Cámara, no podría llevarse a cabo en ningún caso antes del próximo ejercicio.

INFORMES, HONORARIOS E INDEMNIZACIONES.

El documento del Tribunal de Cuentas recoge también cifras relativas a las evaluaciones contratadas por el Banco de España para conocer las necesidades de capital de las entidades bancarias en septiembre de 2012, que costaron 37,9 millones de euros (IVA incluido) que finalmente fueron asumidos por el FGD.

Posteriormente, el FROB también tuvo que contratar a expertos independientes para que determinaran el valor económico de las entidades antes de entrar en su capital, unos estudios que costaron 15,4 millones de euros, de los que 8,8 millones correspondieron ya al periodo del rescate europeo. Aunque inicialmente este coste deberían haberlo asumido los propios bancos, finalmente el FROB no los repercutió por los cambios normativos acometidos en ese periodo.

Por otra parte, el organismo fiscalizador confirma que, con base a los datos del Banco de España, se cumplió la normativa en relación con las indemnizaciones, pensiones y remuneraciones percibidas por los administradores y directivos de las entidades de crédito que recibieron fondos públicos, y cifra en 6 millones de euros los honorarios percibidos por los representantes del FROB en los diferentes consejos de administración, retribuciones que quedaron sujetas a los límites aprobados para todas las entidades rescatadas a partir de 2012.

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES.

Además, Álvarez de Miranda ha señalado que el FROB ha emprendido o se ha personado en siete querellas en trámite respecto de Banco de Valencia, en otras dos en la CAM y en las diligencias previas que se han iniciado en relación a Novocaixagalicia y Caixa d'Estalvis del Penedés. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal no ha pedido "responsabilidades contables ni penales" ni tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado, ha confirmado.

Entre las críticas del Tribunal de Cuentas, destacan que hasta febrero de este ejercicio el FROB no haya dispuesto de normas escritas de gobierno corporativo para las entidades que administra provisionalmente o en cuyo capital participa, y también que carezca de datos para comprobar de forma directa el cumplimiento de las restricciones que impuso en materia de políticas comerciales agresivas.

De hecho, "existen indicios para afirmar que todas las entidades beneficiarias de apoyos financieros" concedidos antes del rescate europeo "incumplieron tales restricciones al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012".

Finalmente, el organismo fiscalizador reconoce que el FROB se incorporó a los consejos de administración "en el momento en que su participación fue mayoritaria con carácter general" aunque no lo hizo con "uniformidad", con los casos destacados de Catalunya Banc (CX) y del Banco Gallego.

FALTA DE DILIGENCIA.

En relación a la entidad catalana, Álvarez de Miranda ha señalado que el Fondo "no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que, como accionista mayoritario, le permitían la normativa general reguladora de las sociedades de capital y la regulación específica del proceso de reestructuración". Una falta de diligencia que, ha precisado, no supone "negligencia" y que ha reconocido la propia Junta Rectora del FROB, como se recoge en sus actas.

"Desde octubre de 2011, cuando el FROB se incorporó al consejo de administración de CX, debió haber ejercido plenamente los derechos que le atribuía la normativa y haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que supuso un perjuicio para la gestión ordinaria de dicha entidad. Esta forma de actuar pudo contribuir a dificultar el promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba la entidad", opina Álvarez de Miranda.

Con respecto al Banco de Gallego, cree que el FROB "no realizó las actuaciones necesarias" para designar, a través de su participación en Novocaixagalicia, un número de miembros del consejo de administración que representara una proporción equivalente a su titularidad indirecta.

Por último, ha negado haber recibido o ejercido presiones durante la preparación de este informe y ha justificado que no se hayan estudiado las irregularidades detectadas en Bankia porque fueron anteriores a la intervención pública. También ha señalado que no es su competencia analizar la tramitación parlamentaria del Memorándum de Entendimiento (MoU).