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Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [LARGOPLAZO] (9:26, 20/Sep)

Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10-N.


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CÉSAR URRUTIA

El problema para garantizar a diez millones de pensiones una subida en 2020 de sus prestaciones superior a la legalmente establecida presiona al Gobierno de Pedro Sánchez a siete semanas de la repetición de la convocatoria electoral del pasado 28 de abril, unas elecciones con la que aspira a ensanchar su mayoría.

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Según fuentes próximas a la Administración, el Ministerio de Trabajo ha trasladado en las últimas semanas consultas a la Abogacía del Estado para contar con respaldo jurídico en el caso de que decida decretar una revalorización de las pensiones conforme al IPC. Sortearía así el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), la fórmula legal establecida que fija una revalorización del 0,25% mientras la Seguridad Social permanezca en déficit.

Los colectivos de pensionistas que se han movilizado para arrancar a los partidos el compromiso de que no se deteriore su poder adquisitivo llevan demandando dos años un cambio en la Ley de Seguridad Social que acabe con los límites a la revalorización de sus prestaciones. «Por el momento no hay respuesta», indicaron fuentes conocedoras de los trámites.

Desde el Ministerio de Trabajo negaron tajantemente haber trasladado una consulta oficial a la Abogacía del Estado y menos mientras se negociaba la investidura, aunque admitieron que pueden haberse dado «consultas oficiosas». El pasado 28 de diciembre Sánchez ya aprobó una subida del 1,7% sobre las pensiones a través de un Real Decreto Ley, justificándola como una medida «de extraordinaria y urgente necesidad» que no podía esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que dos meses más tarde fueron rechazados. La revalorización tuvo un coste de 2.700 millones y fue acompañada de otras medidas en materia laboral y de empleo que abrieron el camino a los denominados viernes sociales, en referencia a una batería de decretos aprobados los viernes, tras el Consejo de Ministros.

Desde un punto de vista jurídico, la necesidad de un respaldo de la Abogacía del Estado se explica por que el pasado mes de diciembre Sánchez presidía un Gobierno en plenas facultades para decretar una medida que ya había sido prevista por su predecesor, Mariano Rajoy, gracias a un pacto entre el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el PNV. Hoy, descartada la vía presupuestaria y tras renunciar a someterse a una sesión de investidura, el Gobierno de Sánchez está en funciones al menos hasta el próximo mes de noviembre y es dudoso que pueda sacar adelante un decreto que comprometería el margen presupuestario del Ejecutivo que salga de las próximas elecciones.

La consulta está dirigida a conocer hasta qué punto sería válido en estas circunstancias vincular la medida a fórmulas que justifiquen el decreto por causas de «extrema y urgente necesidad» o incluso «interés general».

Más allá del ámbito jurídico, las dudas sobre la revalorización de las pensiones vinculándolas al IPC también se extienden al ámbito económico, dado que a pesar de los mayores ingresos por cotizaciones, la deuda de la Seguridad Social superará este año los 16.000 millones de euros, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El propio Gobierno se comprometía el pasado mes de diciembre a acompañar la revalorización con una reestructuración de los costes del organismo en seis meses de manera que la Seguridad Social que paga a crédito parte de las pensiones sea sostenible. A los dos meses, sin embargo, convocó elecciones.

En el lado contrario, la certeza de que hay que sortear el IRP y vincular las prestaciones al IPC es casi unánime desde el punto de vista político. Ningún partido se arriesga a oponerse a un colectivo con el peso electoral de los pensionistas, como ha reconocido la propia Valerio, que el pasado mes de agosto se comprometió a encontrar una solución jurídica a las pensiones tras una reunión con UGT y CCOO. Los colectivos de pensionistas ya han adelantado que mantendrán su presión a través de movilizaciones este otoño para asegurase unas «pensiones dignas».

La vía del decreto es también la solicitada por los sindicatos que representan a los funcionarios para demandar que sus subidas salariales sean aplicadas pese al bloqueo político. CSIF, UGT y CCOO han comunicado por escrito a Sánchez que se mantienen expectantes de un «nuevo real decreto del Gobierno en funciones» que resuelva su incertidumbre. «Nos encontramos en una situación absolutamente anómala como consecuencia de la repetición de elecciones, ya que comenzaríamos previsiblemente el año 2020 con unas cuentas aprobadas en 2018 y los primeros signos de una desaceleración económica», indica el sindicato de funcionarios CSIF, que más allá de las retribuciones de los empleos públicos extiende a «ámbitos fundamentales de nuestro Estado del bienestar» los efectos de la «parálisis» política.


Saludos.





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