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Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [LARGOPLAZO] (10:05, 23/Jul 2018)

Los ocho sectores con los empleos más precarios de España


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Ana Belén Ramos

Jornadas extenuantes, salarios que rozan la miseria, inestabilidad y conflictos laborales, horas extras no remuneradas, contratos por horas, parciales o temporales, externalización de servicios o bajas cotizaciones son sólo algunos de los problemas estructurales que arrastran los sectores con los empleos más precarios del país.

A tenor de la reforma laboral de 2012, la precariedad laboral se ha agudizado a pasos agigantados en diferentes sectores. Con ella, el convenio laboral de la empresa comenzó a tener prevalencia sobre el sectorial, con el consiguiente auge de la tendencia a externalizar los servicios por parte de las grandes compañías con el objetivo de abaratar costes pasando, eso sí, por la devaluación de los salarios y condiciones de sus trabajadores y fomentando, además, la figura de los trabajadores multiservicio que pueden llegar a cobrar un 60% menos.

Así, hoy en día el hecho de encontrar un trabajo, especialmente entre los jóvenes, ya no implica que puedan dejar de depender económicamente de sus familias. Según un informe de CCOO, en 2017 uno de cada cuatro asalariados en España tenía contrato temporal, una situación que se agrava para los menores de 29 años, cuya temporalidad llega al 57%. Además, la renta media de los menores de 35 ha descendido un 25% entre 2008 y 2014. De estas cifras también se desprende que el mayor porcentaje de temporalidad recae sobre ellas, con un 80%.

La situación es especialmente delicada en determinados sectores laborales del panorama nacional, donde tanto trabajadores con años de experiencia como jóvenes que acceden por primera vez al mundo laboral se encuentran en la cuerda floja, enfrentándose a salarios precarios, escasos derechos laborales, libranzas insuficientes o a la conocida como polivalencia funcional.

Vigilante de seguridad. Según cifras de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en España hay un total de 79.175 vigilantes de seguridad privada, un 87% de los cuales son hombres. Nos encontramos en un sector en el que los profesionales asumen la competencia desleal, el intrusismo laboral o la inseguridad jurídica como el pan de cada día. Se trata de uno de los sectores donde más se ha notado la devaluación salarial derivada de la externalización, con un sueldo base que en 2018 se sitúa, en el mejor de los casos, en los 1.145 euros para los vigilantes sin arma, y de 1.269 con ella, cantidades en las que se incluye el prorrateo de las pagas extra. Por esta remuneración, los profesionales se enfrentan a jornadas que en muchos casos sobrepasan las 12 horas diarias; fuertes riesgos laborales, ya que los casos de agresión en esta profesión son muy frecuentes; prohibición del derecho a huelga; nivel cero de conciliación; obligación a ejercer tareas diferentes a las asignadas por contrato; y, en muchos casos facilitación de los despidos y bajadas salariales derivadas de la reforma de 2012. Además, el sector público acapara un 16% del trabajo del gremio, y las asociaciones denuncian una constante “corrupción” por los problemas de contratación pública.

Auxiliar de ayuda a domicilio. Ayudar y atender a personas dependientes en su propia casa es una labor esencial para la supervivencia de la sociedad que, sin embargo, es ninguneado por un convenio que no reconoce plenamente sus derechos, convirtiéndolo en uno de los oficios más precarios en España. Por convenio, se estipula un salario en torno a los 880 euros mensuales por la jornada completa. Pero teniendo en cuenta la parcialidad de este empleo, lo cierto es que esa cifra se reduce hasta los 400 euros por jornadas de 20 horas semanales, si bien varía en función de la empresa o de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. Sin embargo, más allá de lo recogido en un contrato, la realidad es que en el oficio -donde predominan las mujeres- las horas reales de trabajo son muchas más, sin contar la cantidad de trabajos en negro. Desde UGT denuncian que, además de la mayor tendencia a aumentar la eventualidad y la reducción de horas en los contratos, el hecho de que el domicilio privado no se considere lugar de trabajo desprotege a las auxiliares en caso de abuso o maltrato. Además, carecen de un mecanismo de actuación por los posibles riesgos laborales asociados a su oficio.

Repartidor de comida a domicilio. Esta profesión, que cada vez cuenta con más presencia gracias a la aparición y desarrollo de aplicaciones móviles de comida a domicilio, no podía faltar en esta lista. Los vemos maniobrar peligrosamente con sus motos o pedalear con la bicicleta por las ciudades con una enorme bolsa colgada en la espalda. De día o de noche, con un sol de justicia o a temperaturas bajo cero, los conocidos como riders desempeñan un duro trabajo que, sin embargo, no se ve lo suficientemente recompensado. Se trata de los trabajadores que menos salario perciben dentro del sector de la hostelería. A la parcialidad del 90% de los contratos (muchos de ellos fraudulentos); horas extra no pagadas; escasa conciliación; salarios próximos al Mínimo Interprofesional; y a un trabajo a contrarreloj llegando incluso a arriesgar su propia vida, se suma la obligación a darse de alta como autónomos. La realidad es que compañías como Deliveroo, dedicadas al reparto a domicilio, no tienen en su plantilla a ningún repartidor a efectos prácticos. Desde UGT denuncian que recae sobre ellos el pago de la cotización de autónomo, el IRPF, un IVA (del 21%), seguros y mantenimiento del vehículo por su carácter de, a su juicio, “falsos autónomos”, ya que es la compañía la que controla y determina, en cierta medida, sus condiciones laborales. El rider no tiene libertad para controlar sus horarios, servicios y precios, y, sin embargo, deben cotizar por cuenta propia.

Empleadas de hogar. Estas trabajadoras han hecho de la lucha contra la precariedad, una auténtica rutina. El sector, que ocupa a 637.700 personas en España (de las cuales sólo 420.288 están dadas de alta) lleva años reivindicando públicamente sus derechos. Mientras que el sueldo medio por convenio de jornada completa es de 858,55 euros, la eventualidad y parcialidad de los contratos lleva a más de 260.000 de ellas contar con unos sueldos que apenas superan los 343 euros mensuales. Al no estar inscritas al régimen general de la Seguridad Social, están sometidas a duras desigualdades y condiciones. Por ejemplo, no tienen derecho a prestación por desempleo ni acceso a la ley de riesgos laborales; pueden despedirlas sin preavisos ni indemnizaciones; se les excluye la posibilidad de cotización real en función de sus salarios y no hay obligación de readmisión por embarazo o baja, algo que sí existe en el resto de sectores. Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 30% trabajan en negro, lo que supone aún más precariedad, con tiempos de trabajo no reglados ni derechos a días de baja o vacaciones.

Trabajador en las embajadas españolas. El personal laboral de embajadas, consulados, oficinas ministeriales, del Instituto Cervantes o de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entre otras instituciones, es otro sector diezmado por las congelaciones salariales desde 2009, así como por los recortes y la constante postergación de sus derechos y reivindicaciones que afecta a 7.000 de los 10.000 empleados que la Administración General del Estado tiene en el exterior (los 3.000 restantes son funcionarios). Se trata de chóferes, personal de servicio, vigilantes de seguridad, jardineros o administrativos. Estos trabajadores se enfrentan a una constante pérdida de poder adquisitivo derivado de estar ubicados en países donde la inflación se ha ido multiplicando con el paso de los años, como Argentina o Uruguay. Es decir, mientras el precio de la vida asciende sin control, sus salarios continúan al mismo nivel que en los últimos 9 años, situándose incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del país en el que se encuentran, como ocurre con el personal asentado en Sidney. Esta realidad ha llevado a que muchos de estos empleados deban pluriemplearse para llegar a final de mes. Desde el sector denuncian que no se ha respetado el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal de revisar subidas salariales periódicas para evitar dicha pérdida de poder adquisitivo y que no se ha aplicado la subida salarial recogida en los Presupuestos Generales de 2018. Su situación continúa, por el momento, a la espera de una solución.

Corresponsal de guerra freelance. Pagar por ir a la guerra es una profesión que se compensa con tarifas irrisorias si las comparamos con el peligro que suponen. Los periodistas freelance que van a cubrir conflictos por cuenta propia sin contar con el paraguas de protección de un medio de comunicación surgen, según los propios periodistas, por la desaparición de los corresponsales de guerra en las redacciones españolas, una figura fagocitada por la de colaborador, lo que permite ahorrarse nóminas y costes asociados. La situación se recrudece aún más por las tarifas que se pagan por pieza: entre 35 y 50 euros. Estos profesionales deben, además de arriesgar su propia vida, pagar de su bolsillo el viaje, material, seguros, alojamiento, traductores y demás gastos para tratar de contar historias que compren los medios.

Consultores informáticos. Profesionales muy calificados en un sector muy rentable que, sin embargo, se enfrentan a sueldos bajos, subcontratación, presión constante y jornadas interminables. Cuentan con salarios de entrada de entre 10.500 y 13.500 euros anuales, una suma por la que se enfrentan a problemas estructurales como la cesión ilegal de trabajadores, es decir, que el empleado trabaja en la oficina del cliente pero su salario lo paga otra empresa, una remuneración que suele ser bastante más baja. El estrés derivado de plazos imposibles de cumplir es otra de las grandes problemáticas del sector, ya que la subcontratación provoca que se vaya devaluando el salario de la persona que se debe contratar para cumplir con una determinada tarea, una suma por la que se suele contratar a personal menos cualificado para afrontar el proyecto, dando lugar a desastres como el de LexNet.

Veterinarios. Se trata de un sector duramente castigado por la temporalidad de los contratos. Según datos del Ministerio de Empleo, en 2018 se han firmado 2.350 contratos, de los cuales tan sólo el 17,6% fueron indefinidos. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (Ceve) achaca la precariedad del sector al mantenimiento del IVA al 21% en los servicios veterinarios de animales de compañía, lo que motiva un decrecimiento de la demanda, una circunstancia que empeora por la gran cantidad de graduados anuales en la materia, lo que genera una cola de contratos precarios. Pero los problemas no acaban aquí, ya que más del 50% de los trabajadores cobra parte de su sueldo en negro, sin contar si quiera con un convenio colectivo que les proteja. El trabajo ilegal es uno de las grandes problemáticas que arrastra el sector, así como la precariedad de los salarios, al menos de los que figuran por escrito. Esto provoca inevitablemente que, cuando son despedidos, estos trabajadores reciban un paro muy inferior al deberían percibir. Además, estos profesionales denuncian que trabajan, en muchos casos, por encima de las 40 e incluso de las 45 horas semanales por las guardias fuera de su lugar de trabajo y las presenciales, unas horas extra raramente retribuidas.


Saludos.





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