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Código buen comportamiento del foro de Labolsa:

El código del buen comportamiento se basa en el respeto entre diferentes usuarios. Quedan excluidos los siguientes comportamientos / acciones:

-Insultos. Independientemente del contenido del mensaje, se considera insulto cualquier referencia despectiva hacia otro usuario. Independientemente de que se traten de respuestas a insultos previos por parte de otro usuario.

-Provocaciones. Motes que se refieran a otros usuarios de manera despectiva. Referencias reiteradas a operativas / mensajes / actitudes antiguas. Independientemente de que se traten de respuestas a provocaciones previas por parte de otro usuario.

-Críticas no constructivas. Crítica de operativas que se limite a criticar a un usuario con el objetivo de desprestigiarlo.

-Publicación de información privada o sensible acerca de otros usuarios. Consideramos que los propios usuarios son los que deciden qué información comparten con el resto del foro.

Ante este tipo de acciones se actuará de la siguiente manera:

-Por incumplimiento, sujeto a criterio del administrador del foro, el usuario recibirá un "warning".
-El tercer warning supondrá la exclusión del foro durante una semana.
-El quinto warning supondrá la exclusión del foro durante una semana.
-Al sexto warning se expulsará al usuario de manera definitiva.

Además de los criterios comentados anteriormente, puede ser sancionable con las mismas medidas:

- Reiteración de mensajes con temáticas que no estén relacionadas con la temática del foro.
- Insultos, provocaciones, ataques dirigidas a grupos sociales, empresas, regiones o cualquier otro sujeto que sin ser directamente parte activa del foro, representa a parte de la sociedad.

La aplicación de las sanciones no evita que el mensaje que las causa se pueda eliminar del foro. Por otro lado, consideramos que actuar en un foro con diferentes cuentas de usuario escapa totalmente de este código de buen comportamiento que queremos que prevalezca en el foro. Por ello HispaVista se reserva el derecho a utilizar las medidas tecnológicas que considere oportunas para evitar este tipo de acciones.

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Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [Desconocido] (11:59, 5/Mar 2008)

El PSOE ayuda a la SGAE, los artistas apoyan al PSOE

La guerra contra el canon digital podría acabar salpicando a los grandes partidos políticos, especialmente al PSOE. Dos organizaciones empresariales -la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache)- presentaron el lunes una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se investigue a la SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor.

La denuncia se debe a su sospecha de que estén incurriendo en "financiación irregular directa del PSOE y CiU e indirecta de diversos partidos, lo que afectaría a su independencia".

Los denunciantes, que aseguran actuar en nombre de 770.000 personas y más de 3.000 firmas colectivas, consideran que los representes de los autores estarían per- donando el canon a los grandes partidos y financiando además proyectos de algunas fundaciones cercanas a ellos. Es el caso de Faes en el Partido Popular y de las fundaciones Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias en el PSOE. "Hay financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y por lo tanto financiación encubierta de los mismos", se asegura en la denuncia.

Deudas perdonadas

Las dos asociaciones explican que "la actual normativa impone un canon digital de hasta 1,2 euros por cada DVD adquirido, comprado o repartido, independientemente de cual sea su contenido" y la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, estaría perdonando gran parte de los importes sujetos a esta tasa.

Para ello aporta pruebas y documentos de algunos vídeos electorales realizados por el PSOE, CiU y, en menor medida, el PP. Y todo ello, según dicen, "aprovechando la situación de absoluto predominio en el mercado y estableciendo precios para los partidos políticos 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".

Apemit, que representa fundamentalmente a las tiendas de informática, y Vache, que defiende los intereses de los bares y restaurantes, solicitan al Tribunal de Cuentas "la publicación de todos los contratos, convenios y acuerdos en- cubiertos" entre los partidos políticos y las entidades que gestionan los derechos de autor.

Las dos asociaciones mencionadas ha denunciado también a la SGAE junto a la Asociación de Internautas ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue presuntas prácticas delictivas en el desarrollo de su actividad.

Además de crear un imperio empresarial para beneficiar a sus directivos, la sociedad cuenta también con propiedades inmobiliarias de valor incalculable en todo el mundo. Hasta ahora, el PSOE ha sido el más firme defensor del canon digital, aunque tanto el ministro de Industria, Joan Clos, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han reconocido ya en varias ocasiones que "en el futuro podrían estudiarse otras alternativas". El PP, en cambio, se ha mostrado en contra de la tasa, proponiendo la creación de una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual para supervisar las cuentas de la SGAE.

Tal y como adelantó elEconomista el 11 de enero, la última vez que el Ministerio de Cultura auditó las cuentas de la SGAE , según establece la Ley de Propiedad Intelectual, fue hace diez años. El Ejecutivo de Zapatero se escuda en un vacío legal para mantenerse al margen y no hace nada para subsanarlo.

La ley de 1996 establecía que "el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar a un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos". El problema surgió cuando Cataluña y el País Vasco recurrieron al Constitucional para exigir esa potestad y, aunque el Tribunal les dio la razón, el Gobierno no cambió la ley.
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