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PLANES DE TELEFÓNICA

El presidente de Telefónica, César Alierta, precisó
hoy, en la junta general de accionistas de la empresa, que las medidas que adopte
en el futuro la compañía para mejorar su eficiencia se hará "en un diálogo normal"
con los sindicatos.



Después de que varios accionistas pidieran explicaciones a Alierta por un posible
recorte de empleo que afectaría a 10.000 trabajadores en los próximos cinco años,
el presidente de la operadora subrayó que lo único que anunció ayer es que "el
objetivo de la empresa es mejorar su eficiencia comercial y operativa en un diálogo
normal con los representantes sindicales" y que eso es lo que se seguirá haciendo.




Respecto a la situación de los trabajadores de Sintel (antigua filial de Telefónica),
reiteró que la operadora ha cumplido "escrupulosamente" los compromisos que debía
asumir tras los acuerdos de 2001, logrando que las empresas colaboradoras aporten
empleos en las condiciones pactadas para los empleados de Sintel.



INTERVENCIÓN ACCIDENTADA.



Tanto la apertura del turno de intervenciones de accionistas en la junta general
de la compañía como su cierre y la propia réplica de Alierta se llevaron a cabo
entre los abucheos, silbidos y gritos de "dimisión", "fuera" y "mentiroso" de
un grupo de trabajadores de Sintel, vestidos con sus características chaquetas
de color azul y gris y con camisetas con el lema 'Telefónica
culpable', y de otro grupo de empleados de la operadora contrarios a la segregación
de 1.500 trabajadores de Telefónica España (telefonía fija) hacia las áreas de
inmobiliaria y logística del grupo.



Uno de los accionistas que tomó la palabra (en total sumaron 26) fue el presidente
del comité de empresa de Telefónica de Madrid, Alvaro
Barreiro, que expresó su preocupación por el "lamentable" clima laboral de la
empresa, pidió a Alierta que retire los proyectos de segregación de la empresa
y garantice el puesto a sus 40.000 trabajadores y que ofrezca proyectos a Sintel.




Por su lado, el presidente del comité de empresa de Sintel, Adolfo Jiménez, sugirió
a Alierta que provisionara fondos por valor de 25.000 millones de pesetas (150,25
millones de euros) ante la posibilidad de que se declare a Telefónica
responsable solidaria de la quiebra de Sintel.



Asimismo, le advirtió que los trabajadores de Sintel no se van a cansar en sus
protestas y reivindicaciones.



Algunos de los puntos tratados en las intervenciones de los accionistas estuvieron
relacionados con la situación de los prejubilados de la operadora, el posible
recorte de plantilla que llevará a cabo la empresa, la recuperación del pago de
dividendos en efectivo, la existencia de 'mobbing' en determinados centros de
trabajo y la "persecución" a los sindicatos y sus representantes en el seno de
la empresa.



MARCO REGULATORIO



Por otra prte, César Alierta, reclamó hoy al Gobierno un marco regulatorio en
el sector de las telecomunicaciones que no imponga "restricciones artificiales"
a la libre actuación y a la libre competencia entre los agentes del mercado y
que deje a la operadora "competir libremente", en línea con las nuevas directivas
europeas en la materia.



"Es el momento de resolver algunos problemas graves que arrastra el modelo regulatorio
en España", aseveró.



Durante su intervención en la junta general de accionistas de la operadora, Alierta
apuntó que se impone dar prioridad a actuaciones regulatorias "a posteriori" para
corregir situaciones de falta de competencia en el mercado y evitar así una regulación
"ex ante".



Eso sí, apostó por un marco legal que incluya una agenda desreguladora "predecible".



"Hemos visto que limitar la actuación comercial de cualquier operador, salvo que
incurriese en prácticas predatorias, únicamente perjudica a los usuarios; que
unos precios de interconexión que no reconozcan los costes reales frenan las inversiones
y que el intervensionismo actual, en precios minoristas y mayoristas, desincentiva
la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información", apuntó.



En este punto, añadió que, a su juicio, ha llegado el momento de adecuar las tarifas
de interconexión a la realidad del mercado, tal y como sucede en otros países
del entorno de España.



El presidente de Telefónica también rechazó las críticas
que, en este ámbito, se hacen a la operadora, como el hecho de que disponga de
mayores cuotas de mercado.



"No se dice que ello ha sido posible a pesar de contar con una de las regulaciones
más exigentes y unas obligaciones de servicio universal injustas que exceden las
de cualquier otro país del mundo", precisó.



Las mismas peticiones las hizo en referencia a los mercados iberoamericanos.



"Esperamos que los reguladores (de aquellos países) no reproduzcan los errores
cuyas consecuencias se han sufrido ya en Europa y en Estados Unidos", dijo, recalcando
que la apuesta de la operadora por Iberoamérica es de largo plazo, más allá de
coyunturas macroeconómicas adversas.



Asimismo, subrayó que Telefónica ha cumplido "su parte"
en el compromiso con la liberalización de las telecomunicaciones en España, con
la puesta a disposición de sus infraestructuras para los nuevos competidores,
con una rebaja de tarifas "significativa" desde 1998 hasta 2002 (70 por ciento
las de larga distancia nacional e internacional; 51 por ciento en móviles) y con
la toma de la iniciativa a la hora de crear nuevos mercados y servicios, como
ha sido el caso de los accesos de banda ancha.



ASIMETRÍAS EN IBEROAMERICA.



Por su parte, el consejero delegado de la compañía, Fernando Abril-Martorell,
(cuyo discurso fue recibido con algunos pitos y abucheos por parte de algunos
de los trabajadores de Sintel presentes en la junta) también hizo hincapié en
la "cierta lentitud" que se detecta en la adaptación del marco regulatorio español,
un punto "crítico" para el desarrollo exitoso de la sociedad de la información
en España.



Del mismo modo, advirtió de que el desarrollo de la compañía en Iberoamérica viene
condicionado también por la normativa reguladora.



"La no revisión de tarifas en Argentina, el intento de supresión de la renta básica
en Perú y los posibles riesgos de cambio en el 'price cap' y la apertura del bucle
local en Brasil, evidencian la permanente necesidad de anticipar y gestionar las
asimetrías en las actuaciones del regulador", explicó.



BALANCE DE GESTIÓN.



Tanto Alierta como Abril-Martorell recordaron los principales resultados de la
gestión del año pasado, con la generación de un flujo de caja operativo de casi
8.000 millones de euros, un 63 por ciento más que en 2001; una reducción de la
deuda neta del grupo en 22 por ciento, amortizando 6.409 millones, hasta situarla
en 22.533 millones; la captación de 11 millones de nuevos clientes, un 14 por
ciento más; y unos incrementos en ingresos, resultado de explotación antes de
amortizaciones, impuestos y gastos financieros y resultado de explotación de 5,3
por ciento, 5,4 por ciento y 3,9 por ciento, respectivamente.



Además, se repartirá un dividendo de 1.239 millones con cargo a reservas de libre
disposición, en dos plazos: 13 céntimos de euro por acción el 3 de julio y 12
céntimos por acción el 15 de octubre.



El grupo espera incrementar sus ingresos hasta 2006 un 50 por ciento.



Para este año, prevé aumentar ingresos entre un 5 y un 8 por ciento y su resultado
de explotación antes de amortizaciones, impuestos y gastos financieros entre un
6 y un 9 por ciento. La inversión para 2003 se mantendrá estable o crecerá un
3 por ciento respecto a los 3.789 millones de 2002.