Los fondos de inversión tendrán obligación de ejercer los derechos políticos en
las sociedades en que estén invertidos siempre que tengan una participación "relevante"
y vocación de permanencia, anunció hoy la directora general del Tesoro, Gloria
Hernández.
La Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que en estos momentos se tramita
en el Congreso de los Diputados, obligará también a las gestoras a informar sobre
el ejercicio de esos derechos y el Reglamento posterior se encargará de definir
qué porcentaje se considera como inversión relevante.
Con esta medida se cumple una recomendación insistentemente reiterada por el presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blas Calzada, en la que
solicitaba que los fondos participen en las juntas de accionistas como forma de
proteger a los inversores.
Hernández, que participó en las XXX Jornadas de Mercados Financieros, organizadas
por Intermoney y Bolsas y Mercados Españoles, anunció que la legislación también
reforzará la separación entre las sociedad gestora y los depositarios.
En este sentido, señaló que en el supuesto de que ambas funcionen recaigan en
entidades del mismo grupo se creará un comité que elevará un informe periódico
sobre el cumplimiento de las normas de separación adoptadas para evitar fuga de
información.
En el supuesto de que la CNMV detecte salvedades en ese informe, la gestora será
sancionada con la retirada del depositario y sustituido por otro que no pertenezca
al mismo grupo financiero.
Además, subrayó que también se determinará en la ley los derechos de los partícipes
y las obligaciones "muy exhaustivas" de las gestoras.
En este sentido, indicó que éstas tendrá la obligación de realizar un folleto
simplificado "de modo que de un vistazo se pueda saber la política de inversión
y el perfil del riesgo del fondo".
La legislación eliminará la tradicional clasificación de los fondos (FIAMM y FIM),
que se sustituirá por perfiles de riesgo.
La CNMV será la encargada de fijar las categorías de instituciones de inversión
colectiva en función de la vocación inversora de las mismas.
Esta clasificación, según Gloria Hernández, será más acorde con los activos en
los que se invierte y la política reflejada por los fondos en los folletos será
vinculante.
También se eliminará las restricción a los tipos de activos en los que se puede
invertir y se crean instituciones de inversión colectiva por compartimentos con
el objetivo de reducir los costes administrativos de gestión.
De este modo, un mismo fondo podrá tener diferentes compartimentos y dentro de
cada uno de los compartimentos podrán existir diferentes clasificaciones, con
lo que las comisiones que cobre la gestora puede ser diferente en función del
compartimento y la clasificación a la que pertenezca la suscripción adquirida.
El objetivo final de esta ley es la liberalización de las políticas de inversión,
reforzar la protección de los inversores y reducir los costes administrativos
de las gestoras, así como incrementar la liquidez y diversificar los riesgos de
las inversiones.
Por otra, la directora general del Tesoro indicó que a 31 de mayo ya se ha realizado
el 45 por ciento de las emisiones brutas previstas para este año, lo que supone
alrededor de 35.100 millones de euros.
Además, subrayó que en el 2003 las emisiones netas de letras volverán a ser positivas,
con el objetivo final de incrementar la liquidez.
La recompra de deuda hasta mayo ascendió a 5.500 millones de euros, de los 6.000
millones previstos para todo el año, lo que representa el 31 por ciento de las
emisiones brutas previstas para este ejercicio.
