La Justicia de Nueva York y la Comisión estadounidense de operaciones bursátiles
(SEC) cerraron el acuerdo definitivo con una decena de bancos y casas de corretaje
de Wall Street para poner fin a un escándalo de conflictos de intereses, por el
que tendrán que pagar 1.388 millones de dólares.
Tres de estas entidades, Salomon Smith Barney (filial de Citigroup), Merrill Lynch
y Credit Suisse First Boston (CSFB), han sido acusadas de fraude por sus operaciones
de investigación, según anunció el presidente de la SEC, William Donaldson.
Asimismo, dos analistas 'estrella' de Wall Street, Jack Grubman (Salomon Smith
Barney) y Henry Bodget (Merrill Lynch) han sido desterrados de por vida de la
industria del corretaje. Además, Grubman deberá desembolsar una multa de 15 millones
y Bodget una de cuatro.
Los bancos más afectados son Citigroup, que tendrá que pagar la multa más elevada
(400 millones) a través de su filial Salomon Smith Barney, Credit Suisse Boston
(200 millones), Merril Lynch (200 millones), Morgan Stanley (125 millones) y Goldman
Sachs (125 millones).
El resto de entidades (Bear Stearns, JP MOrgan Chase, Lehman Brothers y UBS Warburg)
deberán abonar 80 millones cada una, mientras que Piper Jaffray, que no aparecía
en la primera lista aparecida en diciembre, pagará 32,5 millones.
Por su parte, Deutsche Bank, que sí estaba en esa primera relación, no se verá
obligado a desembolsar por ahora ninguna cantidad, aunque prosiguen las negociaciones.
Los reguladores, que ya llegaron a un acuerdo con los bancos de Wall Street el
pasado 20 de diciembre, les acusaban de haber publicado informes de análisis financiero
fraudulentos para conseguir importantes contratos de inversión.
Los más conocidos afectaron a Salomon Smith Barney, el banco de negocios de Citigroup,
acusado de haber dirigido miles de acciones de Ofertas Públicas de Venta (OPV)
muy atractivas a los ejecutivos de Worldcom, uno de sus principales clientes.
El monto total de 1.388 millones de dólares a desembolsar comprende 487,5 millones
de multa, 387,5 millones de restitución de fondos, 432,5 millones de financiación
de investigación financiera independiente y 80 millones para la educación de los
inversores.
Además de las penas financieras, el acuerdo incluye la obligación de que las diez
firmas procedan a una serie de reformas de sus actividades de investigación y
de asesoramiento para asegurar recomendaciones independientes a los inversores
y evitar que en el futuro se vean perjudicados, tal como sucedió durante la burbuja
de Internet en los años noventa.
