El aumento de la información a los mercados y de la transparencia en la toma de
decisiones, así como la falta de conflictos de intereses entre los directivos
y accionistas o entre los gestores y los consultores son algunas de las claves
para mejorar el buen gobierno de las empresas, según el último número de la revista
del Colegio de Economistas, presentado por el economista Manuel Lagares.
En este número, dedicado en su totalidad a la crisis de gobierno de las empresas,
participan un conjunto de economistas y expertos que abogan por mejorar los aspectos
más delicados del gobierno corporativo y proponen, salvo algunas excepciones,
la autorregulación frente al exceso de legislación.
El catedrático de Economía de la Empresa Alvaro Cuesta, coordinador del estudio,
señaló que el gobierno de la empresa debe tratar de resolver los conflictos de
intereses más significativos en las compañias, como son los que se producen entre
los directivos y los accionistas, entre las actividades de consultoría y auditoría
y entre la actividad de inversión, análisis y gestión de patrimonios de la banca
de inversión.
Para eliminar este tipo de conflictos, Cuesta planteó algunas soluciones, que
van desde los sistemas de remuneración de directivos que tratan de alinear sus
intereses con los accionistas sin afectar al proceso de inversión, hasta recuperar
el papel del Consejo de Administración independiente, la supresión de los blindajes
que facilitan la obtención de beneficios privados por directivos y accionistas
de control y la regulación más precisa sobre conductas "dolosas y desleales".
Además, indicó que el buen gobierno de la empresa necesita información y transparencia
ante los mercados financieros y los grupos de interés, al tiempo que abogó por
una cierta regulación al respecto, ya que considera que en España se cree poco
en los mecanismos disciplinarios del mercado y, en cambio, se tiene un exceso
de confianza en el derecho y en la norma.
Por su parte, Manuel Lagares señaló que los tres problemas básicos sobre los que
gira el gobierno corporativo de las empresas son la falta de transparencia, especialmente
hacia los accionistas; el conflicto de intereses en la representación de las empresas
y la mejora de las normas contables.
COMISION ALDAMA.
En esta misma línea, uno de los miembros de la 'Comisión Aldama', encargada de
hacer un informe sobre el buen gobierno de las empresas, y director del Instituto
de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, apuntó algunas de la conclusiones más
importantes de dica comisión.
En concreto, afirmó que la "sobrerreacción" ante los escándalos financieros de
tipo contable son un "peligro" para el funcionamiento eficiente de las empresas,
por lo que defendió la prevalencia de la autoregulación.
"Un exceso de regulación no impide algunas situaciones ilegales, que se seguirán
cometiendo y, en cambio, pueden amordazar el funcionamiento exigente de las empresas",
reiteró.
Además, abogó por mejorar ciertos aspectos básicos para el buen gobierno de las
empresas, entre los que citó la transparencia, la lealtad de los administradores
y el principio de "una acción, un voto".
Igualmente, abogó por que en el Consejo de Administración esté representado la
mayor parte del capital y potenciar el control de las Juntas Generales.
Para Iranzo, no existe ninguna ventaja en que la presidencia del Consejo de Administración
de la empresa no sea ejecutiva, ya que se corre el riesgo de que se pierda el
liderazgo empresarial, aunque reconoció que una presidencia sólo nominativa puede
mejorar el control de la gestión.
En esta misma línea, afirmó que tampoco es ventajoso para el buen gobierno limitar
la edad de los consejeros.
PRESIDENTE DE INDRA.
El presidente de Indra, Javier Monzón, que también
estuvo presente en el acto, coincidió con Iranzo en mejorar la transparencia de
las empresas, especialmente en la información financiera que prestan, así como
evitar el conflicto de intereses entre accionistas mayoritarios y minoritarios.
En este sentido, recordó que de las 35 empresas del Ibex, hay 32 compañías con
accionistas de "elevada influencia", por lo que afirmó que pueden darse casos
en los que el principio de igualdad de trato se vea "vulnerado".
Monzón también se mostro partidario de que las juntas generales de accionistas
recuperen su papel de organismo regulador y que el consejo de administración se
comporte como un órgano gestor, lejos de acaparar la función de control.
Finalmente, el director general de Operaciones de Prisa,
Ignacio Santillana, se mostró más partidario de "regular bien" ciertos aspectos
antes que dejarlos para la autorregulación. "Es necesario regular sin producir
perturbaciones pero poniendo remedio a los problemas", subrayó.
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