En esta actividad las compañías inmobiliarias rentabilizan inmuebles de su
propiedad alquilándoselos a terceros. Sus clientes básicamente son empresas,
puesto que por una parte a día de hoy los particulares no alquilamos viviendas
(el porcentaje de viviendas alquiladas en España no llega al 15% del total, y
en su inmensa mayoría son viviendas propiedad de particulares) y por otra la actual
legislación resta interés a este negocio (no sólo por razones fiscales, también
por los mayores derechos con que contamos los arrendatarios frente a los arrendadores).
Normalmente las inmobiliarias rotan periódicamente su patrimonio inmobiliario:
venden los inmuebles más antiguos (que generan unos ingresos por alquileres menores)
y compran o remodelan inmuebles en mejores condiciones; en la medida en que los
inmuebles sean de mayor calidad y se encuentren situados en mejores zonas los
ingresos para la inmobiliaria serán mayores.
Aunque esta actividad tiene también un cierto carácter cíclico (si la economía
no va bien hay menos empresas dispuestas a alquilar instalaciones), el menor esfuerzo
que supone un alquiler frente a una compra (no sólo en cantidad de dinero sino
en menor rigidez de los compromisos para el arrendatario) hacen de la patrimonial
una actividad más estable y con ingresos más predecibles.
Por ello la mayoría de las inmobiliarias españolas está desplazando el grueso
de su negocio hacia esta actividad, pero ésta no es la única razón: los analistas
esperan que el gobierno español apruebe próximamente una serie de importantes
medidas fiscales destinadas a incentivar la opción del alquiler frente
a la de la compra, quizá a través de incentivos a los particulares en el I.R.P.F.
pero con mayor probabilidad en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas
patrimonialistas, algo que las empresas del sector vienen reclamando desde hace
años. Otro sistema que está empezando a desarrollarse en determinadas Comunidades
Autónomas y que podría extenderse a todo el territorio nacional es el de Subastas
de suelo condicionadas a la dedicación a alquileres (las empresas adjudicatarias
se comprometen a destinar los inmuebles construidos a alquileres durante una serie
de años).
La idea del gobierno sería al parecer no sólo facilitar el acceso a una vivienda
a las personas con menor capacidad adquisitiva (por ejemplo los jóvenes) sino
fomentar la creación de empleo: muchos economistas señalan que las principales
razones del alto nivel de desempleo en España son estructurales, y su solución
pasaría no sólo por el manido tema del abaratamiento del despido sino por el fomento
a la movilidad geográfica. Mayores facilidades para el acceso a una vivienda alquilada
podrían promover una mayor movilidad geográfica.
Si estas expectativas se cumplen se abrirían unas enormes posibilidades de
negocio para las inmobiliarias españolas, en particular para las más sesgadas
en su actividad hacia los alquileres; aunque hoy su atención al mercado patrimonialista
de vivienda es marginal, cuentan con la infraestructura necesaria para abrirse
camino en este mercado, para el que además los expertos vienen reclamando desde
hace años una gestión más profesional en España. El recorrido para este mercado
es muy amplio, especialmente si observamos la diferencia entre el caso español
(con menos de un 15% de las viviendas en régimen de alquiler) y el resto de Europa
(con un porcentaje cercano al 40%, en muchos casos superior al 50%).
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